Honduras da marcha atrás y restablece el Tratado de Extradición con Estados Unidos

El Gobierno de Honduras anunció que dejó sin efecto la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos. Según comunicó la administración, la decisión se tomó en cumplimiento de la Constitución y como una señal de que el país mantiene su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

La presidenta instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a notificar formalmente a la embajada estadounidense en Tegucigalpa que las notas verbales emitidas el 28 de agosto de 2024 —mediante las cuales se había denunciado el tratado— quedan anuladas. Estas notas habían sido enviadas luego de que el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, hoy ministro de Defensa, general Roosevelt Hernández, denunciara haber recibido amenazas.

La mandataria defendió que el trabajo del Estado contra el narcotráfico “está respaldado por resultados” y recordó que más de 52 personas vinculadas a estas estructuras criminales han sido extraditadas durante su administración. Aseguró que revertir la denuncia del tratado es una prueba de que Honduras continuará cooperando de forma directa y sostenida con la justicia internacional. Sin embargo, también apuntó sus críticas a Washington. Señaló como una “contradicción grave” el indulto otorgado a Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado por narcotráfico. Según dijo, decisiones como esa comprometen la credibilidad de los esfuerzos conjuntos contra un delito que afecta tanto a la región como a Estados Unidos.

El anuncio se da en un momento políticamente tenso. La presidenta Xiomara Castro está a menos de tres semanas de dejar el cargo, mientras el presidente electo Nasry Asfura ya había adelantado que restituiría el tratado al asumir la presidencia. Castro había condicionado la denuncia inicial para que la resolución final quedara en manos del gobierno entrante. La decisión ocurre, además, horas después de que la mandataria sancionara un decreto legislativo que ha sido señalado como un intento de autogolpe, al cuestionar los resultados electorales y solicitar un nuevo conteo de votos, lo que para críticos pone en riesgo el principio de alternancia democrática en el país.