La sombra de la narcopolítica: por qué el indulto a Juan Orlando Hernández amenaza el futuro democrático de Honduras

El anuncio de Donald Trump de indultar a Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y armas, no es solo un gesto individual: llega en plena campaña electoral hondureña y reaviva el fantasma de la captura del Estado. Este indulto tiene consecuencias políticas, jurídicas y sociales que van más allá del expresidente; abre una puerta peligrosa hacia la impunidad y la influencia externa en el destino de Honduras.

El 28 de noviembre de 2025, Donald Trump anunció que planea otorgar un “indulto total” a Juan Orlando Hernández (JOH), quien cumple una condena de 45 años en Estados Unidos tras ser hallado culpable en 2024 por conspiración para traficar cocaína y por delitos relacionados con armas. Hernández fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y, tras un juicio en Nueva York, recibió la sentencia que recoge la Fiscalía federal; el caso se basó en pruebas sobre sobornos y en el papel de instituciones estatales (policía y fuerzas armadas) en facilitar envíos masivos de droga hacia EE. UU.

La declaración pública de Trump coincide con la recta final de la campaña presidencial hondureña y con su respaldo explícito a un candidato del Partido Nacional. Ese vínculo público —indulto y apoyo electoral— transforma la medida en un acto con potencial efecto político: no sólo libera a un personaje controvertido, sino que funciona como señal externa de apoyo a fuerzas políticas afines. Para muchos observadores, la proximidad temporal entre la promesa de indulto y la votación convierte el gesto en una forma de interferencia indirecta.

¿Por qué esto importa para la democracia hondureña? (tres líneas de riesgo)

a) Refuerzo de la impunidad estructural.

Honduras carga desde hace décadas con redes criminales que han permeado instituciones públicas. Indultar a un exmandatario condenado por facilitar el paso de toneladas de cocaína envía un mensaje claro: la rendición de cuentas puede ser revertida por decisiones políticas. Eso erosiona la confianza en la justicia y reduce incentivos para investigaciones futuras.

b) Incentivos para la captura del Estado.

Si actores políticos comprenden que una condena puede anularse por apoyos internacionales o por cambios en alianzas diplomáticas, el costo de que funcionarios cooperen con redes criminales baja —lo que aumenta el riesgo de que estructuras ilícitas sigan buscando cooptar poderes formales.

c) Polarización y legitimidad electoral.

Un indulto instrumentalizado electoralmente polariza aún más a la sociedad y puede minar la legitimidad del proceso democrático: quienes perciban que hay injerencia externa o compensaciones por favores pueden desconfiar del resultado, reduciendo la gobernabilidad y elevando la posibilidad de protestas o crisis post-electorales.

El caso de JOH no surge en el vacío. Investigaciones locales e internacionales han documentado enlaces entre funcionarios estatales y organizaciones delictivas, así como episodios de clientelismo, corrupción y violencia política que permitieron la expansión del narcotráfico en varias regiones del país. La captura institucional —cuando redes privadas influyen decisivamente sobre decisiones públicas— ha sido una de las preocupaciones centrales para analistas y organizaciones de la sociedad civil. Un indulto a un actor central de esos años reaviva esas sospechas y riesgos.

A corto plazo, el anuncio del indulto golpea la cooperación internacional en materia anticrimen. Socios claves —especialmente Estados Unidos— habían sostenido durante años que el caso contra Juan Orlando Hernández era un ejemplo de coordinación efectiva contra el narcotráfico y la corrupción de alto nivel. Dar marcha atrás envía un mensaje contradictorio que puede generar cautela en futuras colaboraciones, frenar intercambios de información y enfriar programas de asistencia que dependen de señales claras de compromiso institucional. En paralelo, el clima electoral se polariza aún más: el indulto funciona como un catalizador emocional que activa viejas fracturas, alimenta discursos extremos y convierte la justicia en herramienta de campaña.

A mediano plazo, este giro complica cualquier agenda de transparencia o reforma institucional dentro de Honduras. Procesos como la depuración policial, el fortalecimiento del Ministerio Público o la instalación de mecanismos internacionales de apoyo suelen requerir confianza externa y voluntad política interna; el indulto erosiona ambas. Además, altera la narrativa pública: para una parte del país, confirma que las élites pueden reescribir su propio expediente; para otra, valida teorías de persecución política. Esa disputa por el relato afecta la estabilidad, reduce el espacio para consensos y deja a la ciudadanía expuesta a una batalla de versiones que debilita la credibilidad del sistema democrático.

El indulto a Juan Orlando Hernández no es un episodio aislado de gratitud política: es una apuesta por restablecer la impunidad en un país donde las instituciones ya han sido puestas a prueba. Más allá de simpatías partidarias, la decisión tiene implicaciones reales para la seguridad, el estado de derecho y la gobernabilidad de Honduras. Si la justicia puede anularse por conveniencias políticas, el mensaje para la ciudadanía es simple y peligroso: la ley no es igual para todos. Ahí radica la amenaza mayor para la democracia hondureña.