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Voces al borde de la crisis: lo que dicen los líderes hondureños tras el indulto de JOH — y por qué importa

El anuncio de que el expresidente Juan Orlando Hernández podría ser indultado —prometido por Donald J. Trump días antes de las elecciones— ha sacudido el tablero político hondureño. Las respuestas de quienes compiten por conducir el país, así como de figuras institucionales y políticas clave, dejan ver un volcán de tensiones listas para estallar. Esta es una radiografía de esas voces, lo que dicen, lo que representan — y por qué su peso podría moldear el futuro inmediato de Honduras.


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1. El oficialismo — rechazo, soberanía y advertencias

La candidata por el partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, respondió con contundencia: “desde el extranjero quieren revivir a criminales”. Para ella, el indulto no es un asunto de justicia internacional sino un intento de reactivar una estructura corrupta que la población ya rechazó. Moncada aseguró que los hondureños saben “qué fuerzas han dañado al país por décadas” y convocó al electorado a defender la dignidad y el proceso de refundación iniciado en 2021.


En la misma línea, el exmandatario y líder histórico de Libre, José Manuel Zelaya —“Mel” Zelaya— denunció el anuncio como un respaldo abierto al “saqueador del Estado”: calificó a JOH como parte de un “narco-régimen” y advirtió que quienes respaldan el indulto buscan revivir un sistema de impunidad. Zelaya vinculó el perdón con una maniobra política que favorece al candidato del conservador Partido Nacional (PN), Nasry "Tito" Asfura, a quien describió como su heredero directo.


La reacción del oficialismo y aliados también señala una cuestión de soberanía y dignidad nacional. Para ellos, el indulto no es un favor judicial, sino una señal de interferencia externa. Subrayan que en 2021, con las urnas, Honduras expresó su voluntad de romper con estructuras corruptas y emprender una “refundación”; este indulto representaría un retroceso directo a esos esfuerzos.


2. La oposición y la derecha — silencio tenso o distancia cuidadosa

En contraste, el bloque que representa a Asfura y al Partido Nacional se mantiene en un perfil prudente. Asfura —candidato que aparece favorecido por el respaldo externo y al que algunos sectores asocian con el legado de JOH— ha declarado públicamente que “no tiene ninguna vinculación” con Hernández, en un intento de deslindar su campaña del contexto de narcotráfico y corrupción.


Este silencio o distanciamiento dual —aceptar el respaldo externo mientras se desmarca públicamente— revela la tensión del momento: adoptar esa señal de apoyo puede ser políticamente rentable, pero hacerlo explícito también implica asumir el costo reputacional. El anuncio del indulto acompaña una intervención internacional abierta en la contienda electoral, lo que convierte el respaldo en una espada de doble filo.


3. El contexto institucional: justicia, Estado y la voz del Ministerio Público

Ante esta oleada política, también habló la institucionalidad. El titular del Ministerio Público de Honduras (MP), Johel Zelaya, anunció que evaluarán tomar “las acciones correspondientes” contra JOH en suelo hondureño tras su retorno, si el indulto se concreta. Esto incluye revisar los delitos pendientes, posibles mandatos de captura, y otras responsabilidades legales del expresidente.


Este pronunciamiento busca proyectar que, independientemente de decisiones internacionales, existe un compromiso formal con la justicia y la rendición de cuentas en Honduras. Pero de igual modo, advierte de una tensión inevitable entre justicia nacional, dinámica política y presiones externas. En un momento de crisis institucional, la forma en que actúe el MP puede definir si el país retoma credibilidad o si el indulto se transforma en impunidad de facto.


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¿Por qué importan estas reacciones?

Las voces de quienes lideran —o aspiran a liderar— Honduras configuran el marco en que toda la sociedad interpretará lo que sucede. Cuando quienes critican el indulto lo hacen desde una defensa de la soberanía, la dignidad y el Estado de Derecho, buscan reforzar un consenso contra la impunidad. Pero cuando otros optan por silencio o ambigüedad frente al respaldo internacional, envían señales contradictorias: posible legitimación de prácticas cuestionadas.


En ese vaivén, los mensajes institucionales —como los del MP— adquieren relevancia clave. Si la justicia nacional actúa con autonomía, podría contrarrestar el impacto simbólico del indulto. Si no, el costo para la credibilidad de Estado y para la confianza ciudadana será enorme.


Finalmente, más allá de nombres y partidos, lo que se pone en juego es el relato:

¿Honduras camina hacia un ciclo de impunidad renovada con injerencia extranjera —o decide reafirmar su soberanía, justicia y dignidad colectiva?

 
 
 

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