Denuncian intimidación desde la Alcaldía de Roatan: el papel del hermano del alcalde en llamadas intimidatorias

Lo que comenzó como una supuesta medida para proteger el medio ambiente y asegurar la experiencia de los turistas en West Bay y West End ha escalado a un nivel completamente distinto. El tema central ya no es la operación de jet skis: el problema ahora es el abuso de poder que sale directamente desde la alcaldía.

La situación se tensó después de que el director de la Marina Mercante aclarara públicamente que ellos no han prohibido las jet skis, que no hubo ningún malentendido y que no están cooperando con la alcaldía en decomisos ni multas. Según la ley, la jurisdicción sobre el mar recae en la Marina Mercante, lo que deja a la municipalidad sin autoridad para imponer sanciones sobre este tipo de actividad.

A pesar de esto, la alcaldía ha continuado presionando. En diciembre del año pasado, la municipalidad distribuyó una supuesta “prohibición” impresa a operadores de West Bay y West End, evitando publicarla en redes sociales. Muchos lo interpretaron como una táctica para evadir críticas y preguntas públicas. En entrevistas posteriores, el alcalde se justificó explicando que se acercaban las vacaciones y la alcaldía cerraría; sin embargo, ese mismo mes se envió un mensaje vía WhatsApp a hoteles y resorts advirtiendo que serían multados si alquilaban espacios a operadores de jet skis. Empresarios lo tomaron como lo que parecía ser: una estrategia de intimidación.

La tensión aumentó aún más cuando salió a la luz que el hermano menor del alcalde —quien no ocupa ningún cargo público ni municipal— llamó directamente a un resort donde el empresario Orrin Dixon alquila un espacio para ofrecer actividades turísticas. Dixon, además de ser operador, lidera la nueva asociación de jet skis, integrada por los operadores que sí decidieron organizarse, establecer reglas claras y trabajar bajo lineamientos responsables. Durante la llamada, el hermano del alcalde compartió al resort que podrían recibir sanciones si continúan rentando espacios a alguien que opere jet skis. Aunque intentó suavizar sus palabras diciendo que “no le gustaría que el hotel saliera afectado”, empresarios como los operadores lo interpretaron como una presión indebida, especialmente tomando en cuenta que él no tiene ninguna autoridad para hacer ese tipo de acercamientos.

También se conoció que el mismo hermano del alcalde habría contactado a personas cercanas a la esposa de Dixon para preguntar “qué saben de ella”, lo cual elevó aún más las alarmas. Este tipo de comportamiento fue visto como hostil e inapropiado, particularmente en un contexto donde es conocido que el alcalde paga publicidad a ciertos medios desde fondos municipales o desde empresas familiares. Las alarmas se elevan debido a que se entiende que si buscan información es para utilizarla de una manera u otra.

Ante todo esto, Orrin Dixon advirtió que, si continúan las presiones sobre operadores y empresarios, presentarán denuncias formales contra la alcaldía ante la Fiscalía y ante organismos de derechos humanos. Para él y otros afectados, la situación dejó de ser una simple ordenanza: se ha convertido en un patrón de intimidación, manipulación y amenazas que no corresponde a una institución pública.

Aclaratoria: Orrin Dixon y su esposa forman parte del grupo de propietarios de ARC+, siendo dos de las personas que integran el equipo dueño del proyecto.