El Costo Oculto de la “Inversión Fácil”: Cómo el Arrecife de Camp Bay Está Siendo Sepultado por un Desarrollo Ilegal

Durante años, muchas personas han repetido que invertir en Roatán es “fácil”. Comprar tierra, construir rápido, vender al doble. Ese mensaje ha sido impulsado, sobre todo, por desarrolladores que no son de aquí—personas que ven la isla como una máquina de dinero, no como un hogar. Camp Bay es el ejemplo más reciente y alarmante de lo que ocurre cuando esa mentalidad avanza sin control.

Fotos del estado actual del arrecife de Camp Bay después de arribar el lodo, tomadas por Caroline Power.

Uno de los principales responsables es Scott Miller, un inversionista de Estados Unidos que ha adquirido múltiples propiedades en el extremo este de Roatán, en el municipio de Santos Guardiola. Su empresa, Roatan Caribbean Living, ha estado promoviendo agresivamente una serie de proyectos en Camp Bay. Según él—y quienes trabajan para él—desarrollar tierra aquí es tan simple como obtener un permiso de operación municipal y comenzar a construir de inmediato.

Pero la ley no funciona así. Y por buenas razones.

Fotos del desarrollo en Camp Bay tomadas por Javier Tejada.

En Honduras, los desarrollos a gran escala requieren legalmente un estudio ambiental y una licencia de SERNA, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Según el tamaño, la intensidad y el riesgo ecológico del proyecto, SERNA asigna uno de tres niveles de permisos ambientales. Un desarrollo de la magnitud del que se ejecuta en Camp Bay requiere un estudio de impacto ambiental completo y una aprobación formal antes de que se pueda tocar un solo metro de terreno. En muchos casos, también se necesita un permiso adicional del ICF, el Instituto de Conservación Forestal, especialmente si se afectan vegetación nativa, manglares o bosques en laderas.

Estos pasos toman tiempo y dinero—Lawson Rock en Sandy Bay, por ejemplo, esperó dos años para obtener su licencia. Pero ese proyecto respetó la ley, se adaptó al terreno y construyó tomando en cuenta la protección ambiental. Así es como se debe hacer un desarrollo responsable.

Camp Bay es lo contrario. Scott Miller no está dispuesto a esperar tanto. En vez de cumplir el proceso, los desarrolladores recurren a decirle a la municipalidad que solo están subdividiendo ocho lotes—una cifra pequeña que califica para un permiso municipal básico. Pero en realidad, esos “ocho lotes” suelen convertirse en 50 o más. La estrategia es construir primero, lucrar primero y lidiar con las consecuencias después. Y cuando el daño ya está hecho, simplemente pagan multas municipales y siguen anunciando la tierra.

El arrecife, sin embargo, no puede revivirse con una multa. Cuando muere, la pérdida dura décadas.

Y las tácticas de ventas detrás de estos proyectos son agresivas. Uno de los desarrolladores de Miller, Zach Collins, publica abiertamente memes animando a la gente a comprar “tierra cruda” en Roatán y revender por “retornos de 100% o más” en un año, presentando la isla como un terreno de juego barato y fácil. El tono roza la burla hacia las preocupaciones ambientales de residentes y organizaciones conservacionistas. Para isleños, ambientalistas y propietarios vecinos, no hay nada de gracioso en la destrucción que ocurre en Camp Bay.

Para reforzar aún más la campaña publicitaria, la empresa trajo a una agente inmobiliaria estadounidense y presentadora de HGTV, Miranda D. Tate, para promocionar los lotes. Su participación se usa como sello de credibilidad para atraer compradores estadounidenses que no saben que la construcción es ilegal. La urgencia por vender rápidamente lo dice todo sobre las prioridades de los desarrolladores.

Las advertencias de la comunidad, activistas y organizaciones ambientales se intensificaron tan pronto comenzaron a desaparecer grandes áreas de las colinas. SERNA recibió denuncias formales, y al día siguiente realizó una inspección en el sitio. El viceministro Jorge Salaverri confirmó que los hallazgos fueron lo suficientemente serios como para remitir el caso a la procuraduría, que ya está requiriendo a la empresa por dos casos distintos de desarrollo ilegal. No es el primer proyecto donde estos desarrolladores han evadido los requisitos ambientales.

A estas alturas, Scott Miller no puede alegar desconocimiento. Conoce el proceso legal, entiende el riesgo ambiental y ha decidido ignorar ambos. ¿La respuesta de Scott Miller? Bloquear a todos los que no están de acuerdo con él, incluyendo a ARC+.

Las consecuencias hablan por sí solas. Cuando las laderas se cortan ilegalmente y quedan expuestas, la primera lluvia convierte la tierra suelta en un aluvión espeso. En Camp Bay, el lodo viajó cuesta abajo en línea directa hacia el mar. Las tomas aéreas muestran una pluma café extendiéndose sobre la costa, fluyendo hacia aguas que antes eran cristalinas. Las fotografías submarinas revelan el resultado: una capa de sedimento cubriendo el arrecife.

Fotos del lodo abriéndose paso hacia el mar en Camp Bay tomadas por Javier Tejada.

Este tipo de sedimentación es devastador. El escurrimiento asfixia el coral al bloquear la luz del sol, obstruir su estructura y cortar su oxígeno. Una vez cubierto, el coral comienza a morir en cuestión de días. La recuperación toma años—muchas veces más de una década—y solo si las condiciones mejoran. En numerosos casos, el daño es permanente.

El arrecife en Camp Bay sufrió un daño directo y visible. Enteras secciones están ahora muertas o muriendo. Esto afecta no solo la vida marina, sino también a la comunidad pesquera local, al turismo, a la protección costera y a la salud del ecosistema de toda la isla.

El desarrollo, por sí mismo, no es el enemigo. Cuando se realiza dentro del marco legal, crea empleos, sostiene familias y fortalece la economía. Pero el desarrollo sin regulación—sin control, sin licencia y guiado únicamente por ganancias rápidas—hace lo contrario. Devasta el ambiente natural, perjudica a las comunidades y deja daños duraderos mucho después de que los desarrolladores han vendido sus lotes y se han marchado.

La gente que se queda es la que paga el precio.