La confusión mediática detrás del caso Angie Peña: coincidencia, morbo y desinformación

El 1 de enero de 2022, la joven hondureña Angie Peña, quien se encontraba vacacionando con su familia en la isla de Roatán, salió en una moto de agua en la zona de West Bay. Nunca regresó. Su desaparición generó desde entonces una fuerte atención mediática, protestas locales y campañas en redes sociales reclamando su regreso o al menos respuesta sobre lo ocurrido.

Meses más tarde —en agosto de 2022—, las autoridades hondureñas ejecutaron un allanamiento en un apartamento-condominio en West Bay, propiedad del ciudadano estadounidense Gary Lee Johnston. En ese inmueble fue encontrada una menor de 17 años de edad en compañía de Johnston; la fiscalía la calificó como víctima de explotación sexual. En la operación se hallaron además material pornográfico y dispositivos electrónicos vinculados a esa actividad. El enlace evidente entre los dos hechos es que ese mismo condominio había sido rentado por Angie Peña, a través de una plataforma de alojamiento (Airbnb) antes de su desaparición.

Pero, y este es el punto clave: según las autoridades, no existe evidencia que relacione la desaparición de Angie Peña con las actividades delictivas de Johnston. Lo que los medios tradicionales en Honduras hicieron —y en muchos casos siguen haciendo— fue presentar ambos hechos como parte de un solo entramado: la joven desaparecida siendo víctima de una red de trata que operaba en ese inmueble. Una mezcla de hechos verificados y especulación que, según expertos y autoridades, favorece más el sensacionalismo que la información rigurosa.

El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Comisionado General Eduardo Turcios Andrade, fue enfático al respecto:

“Estamos en un proceso de investigación; tenemos identificada esta estructura criminal, pero hasta el momento no hemos podido hallar alguna vinculación de esta estructura con el caso de Angie Peña.”

En la misma línea, en otra declaración oficial añadió: “En cuanto a esa información, hasta ahora no existe ninguna vinculación por parte de los sospechosos.”

Por otro lado, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, generó controversia al afirmar públicamente que Angie estaba viva y retenida por una red de trata en Roatán, y que los responsables ya habían sido identificados, lo que motivó críticas por parte de la DPI.

¿Qué ocurrió? ¿Y qué se comunicó?

Según el expediente público y los medios hondureños:

• El condominio: Angie Peña había rentado el condominio en West Bay a través de Airbnb antes de desapare­cer. Meses después, Johnston lo utilizó —como propietario— para sus actividades delictivas.

• Detención de Johnston: El 29 de agosto de 2022 fue detenido en Roatán; en su vivienda se encontró a una menor de 17 años en condiciones de explotación sexual, así como pruebas de pornografía infantil.

• Sentencia de Johnston: En octubre de 2025 el tribunal dictó condena de 37 años y seis meses de prisión para Gary Lee Johnston, por los delitos de trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual comercial y pornografía infantil.

• Vinculación con Angie Peña: A pesar de que algunos medios lo vincularon con su desaparición, la DPI niega que puedan establecer ese nexo con los detenidos en Roatán.

  
  

¿Por qué importan las diferencias?

Si se analizan ambos casos por separado, la lógica resulta clara: por un lado, la desaparición de Angie Peña es un caso sin resolver, marcado por incertidumbres y falta de resultados públicos. Por otro, está el proceso judicial contra Johnston, donde la policía investiga explotación sexual de menores y pornografía infantil, con sentencia emitida. El nexo que unió a ambas historias en los titulares fue el condominio compartido por alquiler previo y propiedad luego, y la coincidencia geográfica en Roatán.

Pero relacionar causalmente la desaparición de Angie con la red de Johnston exige pruebas que hasta ahora no se han presentado públicamente. Es decir: que ambos hechos ocurran en el mismo lugar no implica que sean el mismo hecho. La diferencia es fundamental: la prensa grande y pequeña en Honduras, en su afán de captar audiencia, mostró ambas historias como un solo relato de victimización y complicidad en redes de trata, lo cual distorsiona la información.

El impacto de la narrativa mediática

Esa unión mediática creó una sensación de certidumbre en el público, como si se tratara de una sola investigación integral cuando —en la práctica— son dos rutas paralelas: una desaparición sin conclusión, otro juicio y sentencia ejecutada. Declaraciones de autoridades contradictorias —como las de Villanueva y la DPI— amplificaron la confusión: cuando una autoridad dice que “ya se la tienen”, y la otra dice “no hay vínculo”, el lector queda en medio de versiones encontradas.

Este tipo de tratamiento informativo implica varios efectos negativos: genera falsas expectativas para la familia de Angie, puede afectar la credibilidad de las investigaciones, y distorsiona el enfoque que el público y el sistema de justicia deberían tener sobre los hechos reales.